Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA

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Catástrofe de Derechos Humanos en México 

Ciudad de México, 18 de Enero, 2019
Fuente:  Human Rigths Watch

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, que asumió en diciembre de 2018, heredó una catástrofe de derechos humanos. Hubo pocos avances para mejorar las prácticas de derechos humanos durante la gestión de su antecesor, el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Diversas leyes promulgadas en 2017 podrían contribuir a abordar los problemas, aunque su implementación ha sido lenta.

Derechos de mujeres y niñas
El derecho mexicano no protege adecuadamente a mujeres y niñas de la violencia doméstica y sexual. Algunas disposiciones, como aquellas que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la “castidad” de la víctima, contravienen los estándares internacionales.

De los 32 estados de México, 18 han establecido en su Constitución que el derecho a la vida existe desde el momento de la concepción. Si bien la Suprema Corte resolvió en 2010 que todos los estados deben ofrecer métodos anticonceptivos de emergencia y asegurar el acceso al aborto a víctimas de violación, numerosas mujeres y niñas enfrentan graves obstáculos —incluida intimidación por parte de autoridades— cuando intentan obtener abortos tras sufrir violencia sexual. Según un estudio del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), entre 2007 y 2016, México condenó a 98 mujeres por abortos.

En julio de 2018, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer instó a México a adoptar medidas para combatir la discriminación de la mujer —incluso en el lugar de trabajo— y prevenir la violencia de género y la trata de mujeres y niñas.

Orientación sexual e identidad de género
El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en la Ciudad de México y otros 11 estados del país. En otros estados, las parejas del mismo sexo deben presentar un amparo judicial para poder contraer matrimonio. En 2015, la Suprema Corte dictaminó que la definición de matrimonio como la unión exclusivamente entre un hombre y una mujer resulta violatoria de la Constitución mexicana, lo cual implica que las sentencias que resuelvan dichos amparos deberían ser a favor de las parejas del mismo sexo. En septiembre de 2018, una pareja del mismo sexo en Michoacán pudo obtener un certificado de nacimiento para su hijo, en el cual ambas madres se incluían como progenitoras.

En 2016, el entonces Presidente Peña Nieto dio instrucciones a la Secretaría de Educación de que incluyera el tema de la diversidad sexual en los nuevos materiales educativos. Este requerimiento se cumplió en 2018.

En octubre de 2018, la Suprema Corte se pronunció a favor de un solicitante transgénero que pedía que se cambiara su género en su documento de identidad mediante un procedimiento administrativo en el Registro Civil de Veracruz. La sentencia, en la que se citó una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho al reconocimiento legal del género, sugería que la corte podría ratificar los derechos de las personas transgénero en un próximo pronunciamiento, que podría sentar un precedente vinculante.

Derechos de personas con discapacidad
En sus observaciones finales sobre México de 2014, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad comprobó que, a pesar de las nuevas leyes y programas que protegían los derechos de las personas con discapacidad, seguía habiendo graves falencias, como por ejemplo en materia de acceso a la justicia, situación legal y derecho a votar; accesibilidad de edificios, transporte y espacios públicos; violencia contra la mujer; y educación.

No hubo avances en la implementación del derecho a la capacidad legal de las personas con discapacidad en México.

En octubre de 2018, la segunda sala de la Suprema Corte de México determinó que no admitir a un grupo de niños con discapacidad en escuelas comunitarias y asignarlos a escuelas especiales resultaba violatorio de la Constitución.

Actores internacionales clave
En octubre de 2018, México pasó por su tercer Examen Periódico Universal por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los estados abordaron varias preocupaciones, incluyendo la violencia contra las mujeres y poblaciones indígenas, la corrupción institucional, y el hostigamiento a medios de comunicación y defensores de derechos humanos. Recomendaron que el gobierno dedique más fondos a mecanismos designados para su protección.

En abril de 2018, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU instó a México a mejorar la protección de los defensores de derechos humanos, así como a implementar medidas para abordar la pobreza, la desigualdad y la discriminación. En julio de 2018, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación por los señalamientos de esterilización forzada de mujeres con discapacidad en México.

En septiembre de 2017, el Comité sobre los Trabajadores Migratorios de la ONU publicó un informe preliminar en el cual manifestó su preocupación por las “graves irregularidades” en la identificación de las víctimas y los responsables de los homicidios en masa de migrantes perpetrados entre 2010 y 2012 en los estados de Nuevo León y Tamaulipas. También instó al Estado a garantizar los derechos de los migrantes en tránsito y a las autoridades mexicanas a detener a migrantes únicamente como “medida de último recurso”, a mejorar las condiciones de detención, y a “poner fin inmediato” a la detención de niños migrantes.

Desde 2007, Estados Unidos ha destinado casi USD 2.900 millones de ayuda a México a través de la Iniciativa Mérida para colaborar con el país en la lucha contra la delincuencia organizada. En 2015, el secretario de Estado de los Estados Unidos retuvo USD 5 millones de los fondos de asistencia para seguridad, afirmando que el Departamento de Estado no podía confirmar que México hubiera cumplido con los requisitos sobre derechos humanos establecidos en el acuerdo. Sin embargo, al año siguiente México recibió el total de la asistencia de la Iniciativa Mérida. En 2018, el Congreso asignó asistencia en el marco de la Iniciativa Mérida por USD 145 millones.

El Informe Mundial 2019 es el vigésimo noveno informe anual de Human Rights Watch que analiza las prácticas de derechos humanos en todo el mundo. En él se resumen las principales acontecimientos de derechos humanos ocurridos entre finales de 2017 y noviembre de 2018 en más de 100 países y territorios de todo el mundo.

En su ensayo principal, “Los autócratas del mundo enfrentan una creciente resistencia”, el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth, sostiene que, si bien los autócratas y los violadores de los derechos humanos a menudo ocuparon los titulares en 2018, los defensores de los derechos humanos resistieron y ganaron fuerza de manera inesperada.

El libro de 674 páginas refleja el extenso trabajo de investigación que el personal de Human Rights Watch llevó a cabo en 2018, por lo general en estrecha colaboración con activistas y grupos de derechos humanos en el país en cuestión. También refleja el trabajo de promoción, supervisión de la evolución de las políticas y persuasión a los gobiernos y a las instituciones internacionales para poner freno a los abusos y promover los derechos humanos.

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